Concentración en los juzgados en apoyo al multado por pedir atención sanitaria en gallego

Unas treinta personas se han concentrado este lunes frente a los juzgados de Santiago de Compostela para mostrar su apoyo al hombre multado por exigir ser atendido en gallego en el centro de salud de Rianxo (A Coruña), una sanción que ha sido recurrida por la vía judicial.

A las puertas del juzgado le esperaban varias personas, movilizadas por la plataforma A Mesa Pola Normalización Lingüística, que ha alabado el «coraje» de este ciudadano por «mantenerse firme en la defensa de los derechos lingüísticos, frente al ataque de las instituciones que deberían haberlos defendido».

Según la plataforma, el proceso judicial ejemplifica la «clara connivencia» que hay entre la Xunta y el Estado, que niegan «sistemáticamente» el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la administración pública en gallego.

Su presidente, Marcos Maceira, ha acusado también a la administración sanitaria, a la Policía Local y a la Delegación del Gobierno en Galicia de «amedrentar» a quien «intenta ejercer sus derechos lingüísticos».

Según Maceira, solo así se explica el hecho de que en un certificado la policía admita haber mentido a un ciudadano sobre las garantías del ejercicio de los derechos lingüísticos reconocidos por la Lei de emprego público de Galicia, por el Estatuto básico de los empleados públicos, por la Lei de Normalización Lingüística, la Lei orgánica de Estatuto para Galicia o por la Carta Europea de las Lenguas», ha señalado Maceira.

La vista judicial por el recurso de apelación presentado por X. Agrelo contra la multa de 600 euros impuesta por exigir la atención sanitaria en gallego llega después de que el demandante agotara la vía administrativa.

Desde Subdelegación del Gobierno alegaron que la multa, abonada pero que la defensa pide que sea revocada, sancionaba un asunto de orden público denunciado por los agentes y que no estaba vinculada al idioma.

Los hechos se remontan a abril de 2021, durante un cribado para detectar casos de covid-19 en la localidad barbanzana de Rianxo.

Los agentes denunciantes señalaron que la reclamación del ciudadano supuso un «retraso» en la atención administrativa y sanitaria. Además, la subdelegación del Gobierno en A Coruña remarcó que se limitó «a resolver un expediente por una infracción administrativa», tras una denuncia de la Policía Local.

Desde A Mesa recuerdan que cualquier ciudadano que vea vulnerados sus derechos lingüísticos puede solicitar ayuda a través de la Liña do Galego y aseguran que se han puesto en contacto con Delegación del Gobierno en Galicia para solicitar una reunión con el responsable y exigir formación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el objetivo de que esta situación no vuelva a ocurrir.

«Tenemos una lengua propia y queremos vivir con ella. Este es un derecho humano reconocido a todos los niveles, que el Estado Español y la Xunta de Galicia deben garantizar siempre y en todo lugar», ha manifestado Maceira, que ha recordado que se ha producido recientemente otro incidente «por cuestiones lingüísticas» en la comisaría de Policía de Pontevedra.

Además, ha señalado que en julio tendrá lugar un juicio en Ourense contra un grupo de personas «acusadas de defender la normativa vigente en relación a la toponimia».