Cataluña gana, Galicia pierde

A estas alturas del debate político, por más tinta de calamar que se lance desde el gobierno para desdibujar ante la opinión pública el verdadero alcance que para el conjunto del Estado supondrá el acuerdo suscrito entre PSOE-ERC, hay algunas evidencias incontrovertibles:

La primera, que la afirmación de Montero en el Senado, con manifiesta intención oscurantista, de que “el acuerdo dice lo que dice, y no dice lo que no dice…” –que ni Rajoy es capaz de superar- es una obviedad de libro que ERC convertirá en exigencia bíblica a la hora de exigir su cumplimiento.

Otra, que por más eufemismos que se inventen Sánchez, Montero o hasta Abel Caballero – inexplicablemente subido de repente a la centrifugadora monclovita para adiestrar incautos ciudadanos en un amplio recorrido televisivo-, la otra parte firmante del documento, ERC, aseguró –más bien amenazó- en sede parlamentaria que lo firmado compromete un concierto económico similar al que disfrutan País Vasco y Navarra. Con el hándicap para el Gobierno que es Esquerra quien tiene en sus manos la prueba del algodón para, a la mínima mota de incumplimiento detectada, cerrar la legislatura y, más que probablemente, dejar a Sánchez sin el Falcon. Es decir, esta vez no van a ser posibles sus mentiras trasmutadas en repentino cambio de opinión.

Una constatación sobrevenida se traduce en que cuantos expertos en economía se acercaron al texto sin el lastre de un condicionante ideológico previo, todos ellos concluyen con lo que dice la fuerza independentista firmante del acuerdo: Se trata, bautícesele como se quiera, de la ampliación del cupo vasco y navarro a Cataluña. Y puestos a echar cuentas, concluyen que el acuerdo restará varios miles de millones al Estado en favor de Cataluña. Y dado que se trata de una suma cero, es claro que lo que se da a los catalanes hay que retrotraerlo de las demás Comunidades. En esta situación, el trampantojo de Sánchez prometiendo incrementar el fondo de compensación interterritorial no deja de ser una afrenta más al resto de ciudadanos, por cuanto supone querer tapar con 400 millones el boquete de los 13.000 del cupo catalán.

Eso sí, dadas las actuales cuentas estatales de continuado despilfarro, el presidente anunció el incremento de impuestos que se intuye que afectarán al diésel, desaparición de la reducción del IVA en los alimentos o la fijación de una nueva fiscalidad verde. Además del anunciado chocolate del loro de los propietarios de Lamborghini.

Pero es que, ítem más, incluso el tan invocado principio de ordinalidad que Cataluña acepta solo por unos pocos años a cambio de ser ellos los que digan cuando procede su aplicación y, siempre, supeditada a que las demás Comunidades no bajen los impuestos, está abocado a la desaparición a largo plazo, como también se recoge en el documento.

Ya no se trata aquí de moverse en el terreno de la abstracción legalista o principios democráticos en la configuración del Estado en autonomías y que el acuerdo hace saltar por los aires. Es, sencillamente, la definitiva conculcación de la igualdad de derechos de los ciudadanos desde el erróneo principio asumido por Sánchez de que España, antes que con ciudadanos, se conforma a base de territorios. ¿Dónde está escrito? Un concepto político claramente inconstitucional y que supone un agravio económico de suma gravedad para las comunidades más empobrecidas, con una población más diseminada o con un mayor índice de envejecimiento. ¿Tal que Galicia?

Pues este trágala es el que votarán a favor el socialismo gallego y el Bloque Nacionalista desde la utópica creencia en que Galicia también contará con su propio cupo. Pero ya decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo.