El conselleiro do Mar, Alfonso Villares.
24 agosto, 2024
El Conselleiro do Mar de Galicia, Alfonso Villares, ha expresado su firme apoyo a las demandas del sector pesquero gallego, reclamando al Gobierno central una revisión de la actual política de cuotas pesqueras. Villares subraya la necesidad de implementar cambios que no solo garanticen la sostenibilidad medioambiental de los caladeros, sino que también aseguren la viabilidad económica de la actividad pesquera en la región.
En este sentido, el responsable autonómico destacó el compromiso de la Xunta en la defensa de los intereses de la pesca gallega, a través de la presentación de alegaciones a las resoluciones emitidas por la Secretaría General de Pesca. Estas alegaciones incluyen propuestas concretas orientadas a mejorar el reparto de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) que afectan a la flota gallega.
Villares criticó el reparto de cuotas acordado en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea a finales del año pasado, describiéndolo como una «oportunidad perdida». Según el conselleiro, a pesar de que España ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante las negociaciones, no se lograron revertir los recortes en capturas de especies clave para la flota gallega, como el jurel, el abadejo y la raya. Este resultado, según Villares, no trajo ninguna mejora significativa respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea.
Ante estos recortes, Galicia presentó alegaciones a principios de año, solicitando la posibilidad de acumular cuotas de varias zonas y flexibilizar la gestión en áreas como la 8C (de Fisterra hacia el Cantábrico) y la 9A (de Fisterra hacia el sur). En particular, Villares criticó la reducción de la ya escasa cuota de abadejo para las zonas 8C y 9A, que ha disminuido a solo 55,7 toneladas debido al exceso de capturas en 2023. Para mitigar este impacto, la Xunta solicitó al Ministerio que se permita la acumulación de cuotas no consumidas de otras zonas.
El conselleiro resaltó que la Xunta lleva tiempo trabajando en una propuesta para racionalizar la determinación de TAC y cuotas, especialmente en especies que, aunque no están en riesgo de colapso, pueden limitar significativamente la actividad pesquera. Como ejemplo, mencionó que los recortes en la captura de jurel han tenido un impacto económico negativo de 11 millones de euros para Galicia. Villares abogó por un análisis detallado por zonas para permitir la apertura de la pesquería en áreas donde los recursos no estén en riesgo.
Finalmente, la Xunta criticó la constante carga sobre la actividad de la flota para mejorar el estado de los caladeros comunitarios, señalando que las mejoras medioambientales no se reflejan adecuadamente en la actividad pesquera. También se reclamó una revisión de los TAC plurianuales para seguir pautas de equilibrio y ajustes razonables, que deben ser debatidos con las comunidades autónomas para asegurar una gestión más eficaz y equitativa de los recursos pesqueros.
