Un acuerdo con la Fiscalía evita la prisión para los acusados de secuestro en A Lanzada en 2017

Las cuatro personas acusadas de secuestrar a un hombre en el aparcamiento de la playa de A Lanzada, entre los municipios pontevedreses de Sanxenxo y O Grove, en junio de 2017, han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y no entrarán en prisión.

Los acusados, tres de nacionalidad española y uno de origen colombiano, admitieron que en junio de 2017 planearon asaltar a un joven que estaba haciendo deporte en el entorno de este arenal cuando regresó a su coche.

Con los rostros cubiertos con pasamontañas, los asaltantes abrieron las puertas delanteras del coche de la víctima, lo inmovilizaron agarrándolo del cuello y le exigieron que les entregara su cartera, su teléfono móvil y el número PIN de su tarjeta bancaria.

El joven, amedrentado por los golpes, accedió a darles todo lo que le pedían.

El relato del fiscal, que los acusados han reconocido con este acuerdo de conformidad, añade que le ordenaron que se moviese hacia el asiento del copiloto y le obligaron a agachar la cabeza, «al tiempo que le acercaron a la nuca un instrumento no identificado».

Durante más de media hora, los cuatro secuestradores retiraron diferentes cantidades de dinero con la tarjeta de la víctima, pero ante la imposibilidad de retirar más efectivo, golpearon al hombre y le exigieron que se «buscase la vida» para facilitarles más dinero.

La víctima acordó la entrega de 1.500 euros en efectivo, para lo cual contactó con su familia, que le llevó el dinero a un establecimiento situado en Sanxenxo. Tras ello, los cuatro asaltantes atemorizaron al hombre «con lo que le podría pasar si no estaba quieto» y abandonaron el lugar.

Debido a la reducción de penas que la Fiscalía ha ofrecido por las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas los acusados serán condenados a tres años de cárcel por los delitos de detención ilegal y robo con intimidación.

Esta pena de prisión quedará en suspenso siempre que no delincan en los próximos dos años y paguen a la víctima, que hace meses se retiró como acusación particular, una indemnización de 2.080 euros.

El fiscal pedía inicialmente para todos ellos cinco años de cárcel por detención ilegal y otros cinco años por el delito de robo con intimidación.