Las universidades gallegas ofertarán 17.000 plazas de grado y másteres el próximo curso

Las tres universidades públicas de Galicia ofrecerán alrededor de 17,000 plazas para el próximo curso 2024-25, tras la aprobación de nuevos títulos de grado y máster por parte del Consejo Gallego de Universidades. Este consejo se reunió hoy bajo la presidencia del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez.

Román Rodríguez explicó que Galicia sigue avanzando en la configuración de la oferta educativa para el próximo curso, a pesar del retraso del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este ministerio, a través de la Conferencia General de Política Universitaria, tiene la última palabra para autorizar la oferta definitiva. Según denunció Rodríguez, en años anteriores, Galicia había logrado la aprobación de su propuesta a finales de mayo o principios de junio. Sin embargo, este año, la reunión aún no ha sido convocada, lo que ha causado un bloqueo.

En relación con las titulaciones, y condicionado a la verificación favorable del Consejo de Universidades a nivel estatal, el Consejo Gallego de Universidades autorizó hoy la implantación del Grado Dual en Ingeniería de Automoción en la Universidad de Vigo. Este será el primer grado de este tipo en Galicia y contará con un total de 20 plazas.

En cuanto a los másteres universitarios, el Consejo de Universidades aprobó siete nuevos programas (cuatro de ellos interuniversitarios), aunque dos no se implantarán el próximo año por decisión de las propias universidades. Así, se implantarán los másteres interuniversitarios en Biofabricación, Internet de las Cosas (IoT) y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera o Segunda Lengua (aunque la Universidad de Vigo no ofertará plazas en este último el próximo curso). Además, se aprobó el máster en Biociencias Moleculares en la Universidad de Santiago de Compostela y el máster en Tecnología Textil y Moda Sostenible en la Universidad de A Coruña.

También se aprobaron el máster interuniversitario en Economía Circular (USC, UVigo y UDC) y el máster en Cronicidad y Nuevos Modelos de Atención Sociosanitaria (UDC), aunque las universidades decidieron no ofertar plazas para estos programas el próximo año.

TASAS GRATUÍTAS

El Consejo Gallego de Universidades también aprobó la iniciativa de la Xunta de Galicia para implantar la gratuidad de la primera matrícula universitaria para los estudiantes de grado a partir de septiembre, medida que se formalizará tras la aprobación del Consello da Xunta.

La Consellería presentó esta medida pionera como un apoyo a las familias gallegas, ofreciendo matrícula gratuita para quienes se matriculen por primera vez, así como para los cursos posteriores, en función del porcentaje de aprobados.

CONTRATACIÓN DE PROFESORADO

De igual forma, se analizó en profundidad la situación del profesorado universitario tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Universidades, que implica una reducción de las horas de docencia para el profesorado asociado y el ayudante doctor, generando la necesidad de convocar nuevas plazas para garantizar el funcionamiento normal de las titulaciones.

Román Rodríguez denunció la «falta de transparencia, improvisación, nulo talante negociador y cambio de reglas de juego» del Gobierno del Estado en este proceso, destacando especialmente la incertidumbre sobre la financiación de las nuevas plazas.

El Gobierno central impuso en abril un acuerdo en el que el Ministerio financiaba el 66% de las plazas durante seis años, mientras que las administraciones autonómicas cubrían el restante 33%. Sin embargo, ahora el Ministerio solo se compromete a financiar el 60% de las plazas y solo durante cuatro meses, dejando en el aire la financiación futura hasta 2030. Además, se obliga a las comunidades a asumir el 40% de las plazas hasta 2030.

A pesar de estos desafíos, el conselleiro subrayó que la Xunta «actuará con absoluta responsabilidad» para cumplir con el compromiso acordado con los rectores de las tres universidades gallegas. Para ello, ya se están manteniendo reuniones de trabajo entre la Consellería de Educación, la Consellería de Hacienda y las universidades para solucionar el problema generado por el Gobierno central, que ahora recae en las comunidades autónomas.