La Xunta solicita al Ministerio de Vivienda la cesión de viviendas en zonas tensionadas

La Xunta de Galicia ha solicitado al Ministerio de Vivienda que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) les transfiera viviendas en municipios con áreas de alta demanda para ofrecerlas en alquiler.

La consejera de Vivienda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, explicó este pasado jueves durante un evento en Pontevedra que esta petición se realizó después de una reunión mantenida este pasado viernes con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

En este encuentro, que Martínez Allegue ha calificado como «cordial y dialogado», Galicia ha pedido que el ministerio interceda con la Sareb para que conteste a los escritos presentados «y nunca respondidos» para retomar la colaboración con este organismo.

Ha recordado que en 2015 la Sareb cedió a la Xunta unas 50 viviendas que se concedieron, en régimen de alquiler, a los demandantes en riesgo de exclusión social. En este contexto, la funcionaria gallega ha solicitado que las viviendas transferidas estén ubicadas en las zonas de influencia de las principales ciudades gallegas, como Vigo, Santiago o Pontevedra, «puesto que no tiene sentido asignarlas donde no existe demanda».

Además, la Xunta ha instado al Gobierno a aumentar la asignación de fondos europeos Next Generation para Galicia destinados a la rehabilitación y mejora energética de viviendas y edificios, elevándola hasta los 140 millones de euros, en contraste con los 25 millones actualmente asignados.

En la reunión del pasado miércoles, entre ambas administraciones abordó además el malestar de Galicia por haber quedado excluida de la primera fase del Proyecto Viena, que prevé construir 15.000 viviendas públicas en todo el Estado «y se comprometieron a explicar por qué», ha dicho la titular del área de vivienda en Galicia.

María Martínez Allegue ha concluido indicando que Galicia instará también que se comience a elaborar el nuevo plan de vivienda estatal con la «necesaria coordinación» de las comunidades autónomas, recuperando los «préstamos conveniados» a promotores de viviendas protegidas.