Inauguración del X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero en Galicia

El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, ha inaugurado hoy el X Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y el IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penitenciario Económico y de la Empresa. Este evento, que se ha consolidado como un espacio de debate jurídico internacional de gran prestigio, reúne a destacados juristas para abordar temas de alta demanda social, económica y científica relacionados con el blanqueo de dinero, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el fraude fiscal.

Tronchoni destacó la importancia de que todos los profesionales adquieran conocimientos precisos para la prevención del blanqueo. Este congreso, dirigido a abogados, economistas, asesores fiscales y directivos de empresas, busca actualizar sus conocimientos sobre el blanqueo en la UE, su incidencia en el mundo digital y la internacionalización del derecho penal. «El conocimiento es la mejor prevención ante cualquier riesgo», afirmó Tronchoni, subrayando el compromiso de la Xunta con la formación en estos ámbitos.

Además, Tronchoni recordó que la lucha contra el blanqueo de capitales es una prioridad en la agenda política de la UE, ya que afecta la estabilidad económica y política de los estados y la seguridad internacional. Subrayó la necesidad de actualizarse constantemente para enfrentar riesgos emergentes como las monedas virtuales, innovaciones tecnológicas y la globalización de organizaciones terroristas, que explotan las deficiencias del sistema.

El director xeral enfatizó la importancia del congreso para abordar procedimientos y buenas prácticas que ayuden a identificar y clarificar los riesgos operativos y legales, estableciendo mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción para proteger a empresas, instituciones y organizaciones ante situaciones de riesgo.

Durante su intervención, Tronchoni también destacó el trabajo del Gobierno gallego para adaptar la justicia al siglo XXI mediante la constante actualización normativa y los continuos avances tecnológicos. Entre las medidas implementadas en los últimos años se incluyen la creación de nuevas unidades judiciales, una inversión de más de 125 millones de euros en infraestructuras judiciales y 43 millones de euros en el actual Plan Senda para avanzar en la digitalización.