Galicia enfrenta un déficit de financiación acumulado de 14.000 millones de euros en servicios fundamentales

Galicia ha acumulado un déficit de financiación de casi 14.000 millones de euros en servicios fundamentales —sanidad, educación y servicios sociales— desde 2010, según un informe divulgado este miércoles por el Consello de Contas, que aboga por una reforma más equitativa del sistema de financiación.

El informe sobre la reforma del sistema de financiación autonómica señala que, en los últimos catorce años, el gasto anual en estos servicios esenciales ha promediado 6.859 millones de euros, mientras que la liquidación del Fondo de Garantía, encargado de su financiación, ha sido de 5.324 millones de euros anuales.

Eso ha llevado a un «déficit de financiación acumulado» del orden de 1.075 millones de euros de media anual, el equivalente a un total de 13.975 millones de euros. Esa disminución es consecuencia en parte del actual sistema de reparto de fondos en función de una serie de criterios que está pendiente de una amplia reforma.

«Galicia ha ido disminuyendo el peso relativo ponderado» de su «población ajustada», un índice que establece criterios sobre dispersión y tipo de población por edades, de manera que ha pasado de representar un 6,78 puntos en 2009 a 6,56 en 2021, apunta el documento.

En su «Informe sobre los resultados para Galicia del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común», el Consello de Contas, un órgano de fiscalización de la contabilidad de las administraciones públicas locales, examina la propuesta del Gobierno central de definición de «población ajustada».

Esa definición, «aproxima las ponderaciones y la definición de las variables poblacionales al gasto de los distintos bloques competenciales autonómicos y, por lo tanto, a las necesidades reales de gasto», observa.

Sin embargo, advierte de que la Xunta alega que hay factores que «perjudican» a Galicia, entre los que enumera el «escaso peso de los tramos de mayor edad en la ponderación de la población protegida», que incluye a personas mayores y jóvenes en el sistema educativo.

También apunta el desacuerdo de la Xunta con la «consideración de usuarios potenciales en vez de reales en el ámbito educativo» y de la «no ponderación de los costes de los servicios sociales atendiendo a los graos de dependencia» de las personas con problemas de autonomía.

Además, la Xunta exige que la ponderación de la variable de dispersión de población sea del 1% en lugar del 0,6% que pretende mantener el Gobierno central, según advierten los expertos del Consello de Contas.

El informe señala que Galicia tiene una «capacidad fiscal» seis puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas, mientras que sus necesidades de gasto están siete puntos por encima en la asignación de recursos del actual sistema de financiación.

También constata un nivel de gasto de déficit público desde 2010 «inferior a la media de las comunidades autónomas» y una deuda por «habitante ajustado» un 48 % por debajo de la media.

En sus recomendaciones sugiere a la Xunta «mejorar la información sobre el efecto de las medidas adoptadas», entre las que cita si la capacidad tributaria está «al alza o a la baja» y sobre «incentivos fiscales» en la «recaudación» y en el «cumplimiento de los objetivos de la política fiscal» y «publicarlo en el portal de transparencia».

Por último, preconiza «valorar el impacto sobre la suficiencia e a equidad de escenarios definidos por los posibles incrementos de la capacidad fiscal» susceptibles de «derivar de la intensificación de la capacidad normativa, recaudatoria y de gestión, o de la ampliación del número de tributos cedidos» y otros factores.