España afirma que no hay plazos para la oficialidad de gallego, catalán y vasco en la UE, pero continúa «trabajando en ello»

El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, afirmó que España no tiene previsto un plazo concreto para volver a debatir a nivel de ministros la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea, aunque se mostró optimista respecto a los contactos técnicos recientes sobre el tema.

«No hay plazos, es una cuestión de continuar nuestro diálogo con los Estados miembros y con el Consejo, pero somos muy optimistas al respecto», aseguró Sampedro a su llegada al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, el foro ministerial donde se debe decidir sobre este asunto.

En la última reunión sobre el tema, en marzo, España presentó un memorándum de seis páginas y dieciséis puntos que destacaba la relevancia de la diversidad lingüística en España como un aspecto fundamental de su identidad nacional y constitucional, con el objetivo de disipar las dudas de los países más reticentes.

«Seguimos trabajando en ello y creo que estamos recibiendo cada vez más respuestas positivas de otros Estados miembros en las consultas realizadas a nivel de capitales a través de nuestros embajadores. Es un asunto que España no va a abandonar y continuará defendiendo», afirmó Sampedro.

Desde que España solicitó en agosto la modificación del reglamento lingüístico de la UE, el Gobierno ha mantenido contactos informales con los servicios jurídicos del Consejo, revelando la disparidad de opiniones entre el Gobierno y los asesores legales de la institución.

A pesar de estos contactos, el Gobierno no ha presentado un informe a los servicios jurídicos del Consejo de la UE que avale la legalidad de la medida y aclare las dudas jurídicas planteadas por distintos países europeos sobre la propuesta española.

Preguntado sobre este informe y las preocupaciones de los Estados miembros más reticentes, el secretario de Estado se mostró convencido de que el documento presentado en marzo «aborda todos esos asuntos» y confió en que la mayoría de los socios hayan «entendido, por una cuestión de identidad nacional, la aspiración de que se reconozcan las lenguas oficiales».

«No hay ninguna dificultad práctica para evitarlo, ni desde el punto de vista presupuestario, porque España ya ha dicho en muchas ocasiones que está dispuesta a asumir ese coste, ni desde el punto de vista legal, porque estamos muy convencidos de nuestro análisis jurídico sólido al respecto, ni desde el punto de vista de precedentes», concluyó.