El sectarismo del Tribunal Constitucional y la regeneración democrática de España

Con la eficacia práctica que supone el goteo respeto del chaparrón que por donde va todo lo salpica, con la lógica y general alarma, el mal llamado Tribunal Constitucional, que no pasa de ser un órgano encargado de velar por la constitucionalidad de los actos administrativos o judiciales, está procediendo estos días al desmantelamiento de toda la estructura jurídica que justificó las sentencias sobre los ERE andaluces donde, según su interpretación, nada fue como parece ni como fue juzgado en su día. Ni los funcionarios prevaricaron porque cumplieron lo que se contemplaba en los presupuestos al otorgar las cantidades, ni nadie parece responsable de que las subvenciones otorgadas para ayudas al empleo se derivaran a los días de vino, rosas, droga y prostitución, con dinero tan en abundancia como “para asar una vaca”. Porque, en efecto, 680 millones de euros dan para cocinar muchas vacas.

Ni si quiera el delito de malversación es tal para el Constitucional del 7-4, enmendando la plana a la Sala Segunda del Tribunal Supremo justo al día siguiente de que ésta mantuviera tal figura delictiva en el caso de los enjuiciados por el Procés. Aquí, según el Supremo, sí hubo malversación no perdonable. En el caso de los ERE, de haber existido (?) es perfectamente amnistiable. Y allí hasta donde no alcanza la magnanimidad de tan espléndido tribunal siempre queda el recurso, ya puesto en práctica, de mandar repetir juicios con la encomienda obligada de la minoración de la pena. Lo que supone toda una descalificación, a todas luces sectaria, a los contemplado en la instrucción del proceso que en el Tribunal Supremo realizó en su día el compostelano Alberto Jorge Barreiro.

Hace ya tiempo, tanto como su presidente Cándido Conde-Pumpido lleva al frente de la institución, que el organismo garante del cumplimiento del espíritu y letra de la Carta Magna ha perdido las vergüenzas a la hora de dictaminar resoluciones que atentan contra el sentido común de la ciudadanía. No otra cosa se podía esperar de quien es proclive a que las togas se manchen con el polvo (¿y también el barro?) de los caminos como admitida confesión de que la institución está sujeta a interferencias externas, del mismo modo que las hubo en su tiempo de Fiscal General en el Gobierno Zapatero, aquí con barro sectario hasta el cuello según la prensa de la época. Que todas esas injerencias provengan siempre del mismo lado lo demuestra el archisabido 7 a 4 que sustancia todas las votaciones. Es decir, siete miembros del Constitucional –entre los que se cuenta el aludido Fiscal General con Zapatero; un ex ministro con Sánchez además de ex diputado socialista por Cádiz y ex director general de Justicia de la Junta cuando la presidía el también condenado Chaves, Juan Carlos Campo, y teniendo como ponente a una integrante condecorada con la medalla de Andalucía precisamente por el Gobierno del principal encausado Griñán, Inmaculada Montalbán; otra andaluza que ocupó cargos en la Junta de dicha Comunidad con gobiernos socialistas, María Luisa Balaguer y, por fin, una persona de confianza de Pedro Sánchez y ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez Bueso, y que por razones de esa proximidad al partido y a la Junta debieran haberse abstenido en la toma de decisiones –Pumpido lo hizo en el Supremo-, dictaminan la inexistencia de malversación frente al criterio de hasta dieciocho magistrados y jueces distintos que intervinieron en distintos procesos de la macro-causa que ahora llega al Constitucional y que sí vieron elementos delictivos. Completan la lista de los proclives a los intereses sanchistas, Ramón Sáez Varcálcel y María Luisa Segoviano. Frente a ellos, Enrique Arnaldo, César Tolosa, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel, resignados a ser los perdedores votos particulares.

Muy pronto llegará el turno a los Griñán y demás cabecillas del escandaloso desfalco de 680 millones de euros que, como ya sucediera con Magdalena Álvarez, también se encaminan a la vía de la condonación o rebaja de penas. Pero lo que no podrá borrar ningún tribunal son los hechos acaecidos a la vista de toda la ciudadanía, por más grande que quieran hacer la goma de borrar de la indulgencia.

¿Seguirán la misma suerte los implicados en el Procés una vez que el Supremo acabe con sus responsabilidades judiciales sobre los encausados?

¿Tendrá que devolver el Estado otros 680 millones con que indemnizar los sufrimientos padecidos por los juzgados y condenados altos cargos andaluces?

¿Está, detrás de la exoneración de la malversación en contra del parecer del Supremo, una suerte de vendetta porque Marchena ganó la presidencia de la Sala Segunda a la que también optaba Conde-Pumpido?

Es tradición histórica pedir a la mujer del César no solo ser honrada, sino parecerlo. Traspuesto el aserto al Constitucional y a la vista de su comportamiento, ni lo es ni lo parece para general alarma de una ciudadanía al contemplar esta Justicia a dos velocidades o con dos distintos Códigos penales, el de los suyos y el del resto de sufridores. Que el parecer de dieciocho magistrados del más variado signo ideológico tenga menos peso que el dictamen de siete declarados sanchistas tiene un insoportable tufo de parcialidad y de conculcación de los principales estándares democráticos.

¿Cuántos años más habrá que sufrir esta desvergüenza de Constitucional para sonrojo de España ante las evaluaciones de calidad democrática que nos relegan al puesto 24 de los más desarrollados del mundo?