Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, recusa a los magistrados del Supremo que resolverán el recurso contra su designación

El fiscal general del Estado afirma que los magistrados que apreciaron desviación de poder en su actuación al ascender a fiscal de Sala a su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, están «contaminados» para resolver la demanda presentada contra su nombramiento por la Asociación Profesional e independiente de Fiscales (APIF) que interpusieron un recurso contencioso administrativo en el Supremo contra la designación de García Ortiz, al considerar que su actuación y su «parcialidad» en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley.

La recusación se presenta contra los magistrados Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Antonio Fonseca-Herrero Raimundo y José Luis Requero.

En el escrito de recusación presentado por el fiscal general del Estado este sostiene que «se cumplen los requisitos de la Jurisprudencia Constitucional, la del Tribunal Supremo o la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para entender que se vulnera el principio de imparcialidad del órgano judicial».

La recusación será resuelta por una sala especial del Tribunal Supremo que tiene competencia para realizar los fallos de los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala», como sucede en este mismo caso.