15 mayo, 2024
Del mismo modo que, según nuestro refranero, no hay día sin afán, en la particular agenda del aún actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, no hay día que no surja un nuevo baldón que sumar a su más que defenestrada carrera profesional a la que se agarra con cuantas triquiñuelas le permiten unas leyes que conoce bien en función de su cargo, y con la necesaria dosis de demagogia que haga falta para exonerarse a sí mismo de toda responsabilidad. Y si su intento de recusación de cuatro de los cinco magistrados que integran la Sección Cuarta da la Sala de lo Contencioso-Administrativo –encargados de revisar un recurso que cree que el presidente Sánchez erró al reelegirlo- ha soliviantado el mundo de la judicatura por lo inédito y asombroso de la medida, es ahora la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, quien rompe relaciones con García Ortiz en la mesa de negociación del Estatuto, por sus declaraciones en las que vinculaba la actividad asociativa con los partidos políticos lo que, según los aludidos, rompe” el marco idóneo y necesario para continuar.
Con su propio cargo deslegitimado por el Tribunal Supremo, los dos varapalos recibidos por los tribunales sobre sus intentos de “ascender” profesionalmente a quien fue su mentora, Dolores Delgado, y la amenaza que pende como presunto inductor de la revelación de secretos en el caso de la pareja sentimental de la presidenta madrileña Ayuso ¿Hasta cuándo apurará García Ortiz el descrédito personal y de su cargo por mantenerse en el mismo? ¿Tendrá que ser una sentencia condenatoria la que ponga fin al acumulado descrédito de una institución que paradójicamente, tiene como misión velar por la legalidad en el Estado?
NUEVO REPARTO DE CALDERILLA… PARA PYMES Y AUTÓNOMOS
Como cada inicio de año, el Gobierno gallego va haciendo públicos centenares de anuncios para el reparto de esa calderilla con la que pretende solucionar todos los problemas que se le presentan a la ciudadanía… onde todo e por vir e non chega. Ahora acaba de hacer pública la orden por la que destina cinco millones de euros con el loable y grandilocuente propósito de “respaldar la implementación de sistemas que apoyen procesos multiempresa, como órdenes de fabricación distribuida, sistemas de facturación, procesos entre líderes industriales y empresas de su cadena de valor, así como proyectos individuales de digitalización o conectividad para las pymes”. Una iniciativa que, dice el Ejecutivo gallego en su nota de prensa, “refleja el compromiso del Gobierno de la Xunta en mejorar la competitividad del sector productivo y promover la necesaria transformación digital en el contexto económico actual”.
Pues bien, para tan alto y benefactor propósito destina la Xunta cinco millones de euros, cantidad para una potencial clientela de 185.179 empresas existentes en Galicia, según datos del INE de 2023. Es decir, tan magnánima gratificación –que cubriría del 35 % al 50 % de la inversión, según el caso- supondría apenas 27 euros por empresa. Traducido al importe mínimo preciso para un proceso de digitalización de una pyme –en torno a 4.000 euros- la financiación de la mitad apenas cubriría 2.500 empresas ¿Seguirá con esa misma cadencia año tras año la Xunta, lo que implicaría que no habría digitalización plena de nuestras pymes hasta 2098?