Transferencias a Galicia, la pelota en el tejado de la Xunta

Fue Feijóo como presidente de la Xunta quien, en enero de 2019, tras un Consello de su Gobierno y a la vista del paquete de transferencias que Pedro Sánchez arbitró para compensar los votos de investidura de los nacionalistas vascos y catalanes, se mostró partidario de que Galicia disfrutase de las mismas competencias que aquellas comunidades. Una reivindicación que, puntualizó, no es “ideológica” sino cuestión de “estatus” adquirida como nacionalidades históricas.

Anteriormente, el pleno de Parlamento gallego había aprobado por unanimidad –PPdG, PSdeG, En Marea y BNG- pedir al Gobierno la negociación de todas las competencias que Galicia tiene pendientes. Acuerdo que no muy tarde el PP se encargaría de descafeinar porque, en palabras de su entonces portavoz Parlamentario, Pedro Puy, no se trata de “vaciar de competencias el Estado”.

Al margen de la polémica transferencia de las competencias sobre el litoral gallego y de asuntos de menor enjundia, lo cierto es que Galicia lleva más de una década sin recibir transferencias del Estado a la Autonomía que completen el pleno desarrollo del Estatuto.

Se lo recordó el pasado 26 de junio Néstor Rego al presidente Sánchez al preguntarle “está o Goberno central disposto a impulsar o autogobernpo da Galiza coa transferencia das competencias pendentes, condonación da débeda e un sistema de financiamento xusto”.

Contestó afirmativamente el titular de la Moncloa, refiriéndose a las transferencias contempladas en el acuerdo de investidura PSOE-BNG, señalando su voluntad de que se cumpla en toda su extensión. Además de recordar que se están ultimando los informes para la transferencia de competencias sobre el litoral, Sánchez aludió a a otros puntos de “pacto de investidura con ustedes, que es ambicioso, que aborda la creación de cinco juzgados de violencia de género, nuevos descuentos en las autopistas AP-9 y AP-53, contemplar medidas en el caso de trasportes por carretera, dependencia, plurilungüismo o emigrantes retornados”

Es notable la rebaja de exigencias que el BNG hizo a cambio de la investidura de Sánchez, hasta el punto de renunciar a pedir la transferencia de la AP-9 que habían exigido en la anterior investidura del actual inquilino de La Moncloa. Y es también más que dudoso que Sánchez, acostumbrado al incumplimiento de su palabra, se tome la molestia de cumplir el acuerdo con los nacionalistas gallegos en tanto en cuanto sus propias conveniencias no le motiven a ello.

Pero, al menos desde las formas y por lo escuchado en el Congreso, no es menos cierto que Sánchez manifestó su voluntad de agotar las transferencias y “dar a Galicia el trato similar a otras comunidades, concretamente en la condonación de la deuda, y a mejorar la financiación, respetando la singularidad y garantizando la igualdad entre todos los ciudadanos vivan donde vivan”. Algo que, sea dicho, no se cree ni él.

Eso sí, puntualizó, “para eso hace falta, evidentemente, que el presidente de la Xunta y su Gobierno planteen estas cuestiones. Porque corresponde a la Xunta de Galicia solicitar el traspaso de servicios y de funciones. Porque los traspasos no se imponen desde el Gobierno de la Administración General del Estado sino que se negocian a petición de las comunidades autónomas”.

Por eso la pregunta, que se antoja un mucho retórica, es ¿saldrá la Xunta de su calculada e inhibidora duda hamletiana y optará por reclamar de una vez las competencias pendientes de traspaso. ¿O mantiene, por el contrario, que hacerlo supone vaciar de competencias al Estado? ¿Cree la Xunta, aplicado a las competencias, en la economía de escala?