Sala Segunda del Supremo, la esperanza blanca de los demócratas españoles.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por quince magistrados y presidida en la actualidad por Manuel Marchena Gómez, es la sala que culmina todo proceso dentro de la jurisdicción penal, resolviendo en última instancia los recursos de casación y revisión sobre cuestiones criminales. Es, además, el órgano constitucionalmente competente para enjuiciar a los diputados, senadores y miembros del Gobierno de España. Por resumirlo, el Tribunal Supremo es el tribunal superior de todos los órdenes, salvo lo dispuestos en materia de garantías constitucionales que sería misión del Tribunal Constitucional. Así era, negro sobre blanco, en los dispuestos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial hasta que el Constitucional, presidido por el gallego Cándido Conde-Pumpido, ha decidido ciscarse sobre Constitución y Ley Orgánica al pasar a actuar con sus decisiones –caso de los ERE andaluces- como un segundo tribunal por encima del Supremo cuestionando las sentencias, según la ley inapelables, del máximo órgano judicial español.

Por suerte y para garantía de la democracia en este país, la composición de la actual Sala Segunda se dota de grandes juristas, y más probos hombres de ley, como se demostró en el juicio por el Procés –que se erige ya en obligada materia de estudio para los nuevos juristas dada la ejemplaridad, transparencia y respeto con los acusados en que se desarrolló-, lo que supone todo un balón de oxígeno, de esperanza blanca como baluarte decisivo contra el Gobierno Sánchez y todos cuantos quieren demoler el Estado democrático y, más que eso, pisotear definitivamente el estado de Derecho.

Es a este tribunal a quien corresponde, desde ya, deshacer ese muro de intolerancia democrática, nulo respeto a las leyes y continuada conculcación de la independencia de los poderes del Estado con que se produce, un día sí y otro también, el Gobierno Sánchez en un ejemplo de libro de lo que es una autocracia.

Porque, aún en el supuesto de que el mal llamado Tribunal Constitucional quiera sentenciar por encima del Supremo, hay la garantía de que Marchena y quienes le acompañan en el tribunal agotarán todas las vías, incluidas las europeas, para que prevalezcan las leyes constitucionales y la democracia.

¿Será éste, como todos esperamos, el definitivo muro que, este sí, acabe con el gobierno bolivariano de Sánchez?