Lo que los Venezolanos exiliados aguardan de España

Hace ya tiempo que no superados complejos que nunca se supieron confrontar –la inexistente leyenda negra que, faltos de las adecuadas lecturas, aún proclaman algunos de los miembros del Gobierno Sánchez-, la radicalización de regímenes extremistas en toda Sudamérica en una cambiante montaña rusa capaz de fluctuar de extremo a extremo del arco político, y la desafección respeto del entendimiento de antaño en ese puente de civilización que tuvo durante siglos sus pilares asentados en ambas orillas del Atlántico, propiciador de intercambios y confraternidades, dieron al traste con la legitimidad moral que España tenía en el aprecio de América Latina, a la vez que desempeñaba el importante papel –escasamente explorado- de puente de las aspiraciones del continente americano ante la Comunidad Europea.

En esa nueva e insolidaria norma de cada uno a lo suyo, ni siquiera fuimos capaces de propiciar una adecuada y acogedora bienvenida al medio millón de venezolanos que acudieron a nuestro país huyendo del Régimen de Maduro; por ejemplo, propiciando un reconocimiento de los títulos académicos que destacados especialistas, con el acumulado bagaje de años de ejercicio, pedían para incorporarse a la sociedad española con plena legitimidad de su quehacer profesional.

Ahora, tras el nuevo y más flagrante fraude electoral del domingo en Venezuela, de nuevo el Gobierno Sánchez se sitúa del lado equivocado de la historia, el de la ambivalencia de lo políticamente correcto. Lo hace, claro, por inconfesables intereses que, antes que tarde, acabarán por salir a la luz en nuevo y oprobioso manchón en lo que queda de socialismo patrio.

Lejos de liderar la avanzadilla en defensa de la legalidad, de ser consecuentes con el clamor de un pueblo harto de estar bajo la aplastante bota de un narcoterrorista, el ministerio de Exteriores esperó a que Borrell -¡Qué carrera más errática en nombre de la UE!- hiciera público su primer y titubeante mensaje de exigencia de la legalidad para sumarse, casi literalmente, a una declaración tibia, incapaz de tomar decidido partido por la defensa de la verdad y del pueblo venezolano, acaso el último de los servicios que los expulsados de aquel país pedían a España, como propiciador del camino de vuelta que tanto anhelan. Perú acaba de llamar a consulta a su embajador en Venezuela tan pronto se hizo público el primer boletín del CNE, este mismo país con Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Costa Rica y hasta el comunista presidente de Chile no avalan el resultado hecho público por el Consejo Nacional Electoral.

Por lo que hace a España, abandonados a su suerte, se hallan -ahora sí- plenamente legitimados para exteriorizar esa leyenda negra de insolidaridad y desprecio.  Pero esta vez tendrán razón.