El Sindicato Labrego Galego (SLG) y la Federación Rural Galega (Fruga) han denunciado que varias bodegas de la Ribeira Sacra ya han comenzado a enviar notificaciones y realizar llamadas a los viticultores, informándoles de que no recogerán uva durante la próxima vendimia debido a los excedentes acumulados.
El SLG ha señalado que esta situación confirma «el peor de los presagios» y ha exigido responsabilidades a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, quien se había comprometido a anunciar esta semana las primeras medidas para abordar la crisis de excedentes en la comarca.
El sindicato advierte que esta «crisis» pone en riesgo la subsistencia de cientos de pequeños y medianos viticultores y podría tener un «impacto sin precedentes en la cultura vitivinícola de la zona».
El SLG critica que desde que se alertó sobre la posible crisis de excedentes, la Xunta de Galicia ha minimizado sus consecuencias, confiando en que el «procedimiento de destilación de crisis» equilibraría la oferta y la demanda. Sin embargo, el sindicato sostiene que la conselleira ha sido consciente durante semanas de que esta medida no se activará, y lamenta la falta de alternativas o iniciativas por parte de la Xunta.
El sindicato ha solicitado la convocatoria urgente de una «mesa de trabajo» y la difusión de toda la información disponible a los agentes del sector, con el objetivo de elaborar un plan de choque que permita salvar la campaña de vendimia.
Por su parte, Fruga también ha solicitado a la conselleira una convocatoria urgente con todos los sectores implicados para buscar una solución a este problema que, según afirman, «se agrava cuanto más nos acercamos a las fechas de la vendimia».
El colectivo rural critica que, como cada año, la industria recurre a los mismos argumentos sobre los excedentes de vino en bodega, lo que genera nerviosismo e incertidumbre entre los productores. Fruga señala que estas tácticas buscan reducir el precio del kilo de uva, y exige que se pague un precio justo que cubra los costes de producción, tal como establece la Ley de la Cadena Alimentaria, a través de contratos homologados que fijen compromisos de precio y recogida.
En este sentido, Fruga lamenta que la consellería esté «ausente» en esta crisis, utilizando como excusa su supuesta incapacidad para intervenir en el mercado. Critican que esta actitud podría ser interpretada como un intento de favorecer a la industria, un desprecio hacia los productores, o un desconocimiento del problema.
Finalmente, Fruga subraya la gravedad de la situación y señala que la conselleira no debería limitarse a asistir a inauguraciones y eventos sociales, sino que debe asumir su responsabilidad en la gestión de esta crisis.
