La Xunta impulsará una ley de simplificación de trámites ambientales

La Xunta iniciará mañana el proceso para elaborar una nueva Ley de Administración Ambiental Simplificada, con el objetivo de actualizar la legislación vigente desde 1995 y reducir los plazos de tramitación para los promotores de diversos proyectos.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta, el presidente gallego, Alfonso Rueda, afirmó que esta ley proporcionará «seguridad jurídica» a los proyectos desarrollados en Galicia y garantizará a los ciudadanos un control administrativo «estricto». Rueda aseguró: «Todo lo que se pueda autorizar se autorizará, y lo que no, no podrá seguir adelante».

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, explicó que la propuesta se someterá a consulta pública previa a partir de mañana, permitiendo recibir aportaciones hasta septiembre. Posteriormente, se elaborará un anteproyecto de ley que se espera que inicie su tramitación en el último trimestre del año.

Tal y como apuntó esta, el objetivo de esta nueva ley es «adaptar la normativa gallega a la transición energética» y a las recomendaciones de la UE, garantizando «un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico». Vázquez señaló que la Consellería tramita unos 30 proyectos al mes y enfatizó la necesidad de reducir los plazos en lugar de prolongarlos.

La futura normativa pretende agilizar los procedimientos de autorización, licencia y evaluación ambiental, mejorar la coordinación entre administraciones y aportar mayor claridad y certeza al ordenamiento jurídico para reforzar la seguridad jurídica. También se revisarán los instrumentos de prevención y control ambiental, como la autorización ambiental integrada, actualizando o eliminando aquellos considerados innecesarios.

En otro orden, el Consello de la Xunta de este lunes también aprobó declarar como proyecto industrial estratégico el que la empresa Cobre San Rafael tiene en los concellos de O Pino y Touro, lo que agilizará la tramitación para la explotación de esta mina, principalmente de cobre, pese a las críticas de ecologistas y asociaciones vecinales. Rueda destacó que este proyecto contará con una inversión inicial de 195,7 millones de euros y la creación de 394 puestos de trabajo.