Rueda insta a la alcaldesa de Santiago a enviar los informes sobre la tasa turística para su posible implementación

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reiterado este lunes su solicitud a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, para que remita la documentación necesaria sobre la tasa turística. Rueda aseguró que, si los informes municipales cumplen con los requisitos establecidos, el gobierno gallego procederá a tramitar la tasa, a pesar de su desacuerdo con esta medida.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello, Rueda afirmó que mantiene su «compromiso» de habilitar el mecanismo legal para establecer una tasa turística en Santiago. Esta postura fue comunicada a Sanmartín en una reunión en octubre, en la que Rueda solicitó la documentación necesaria para activar este proceso, documentación que aún no ha recibido.

La alcaldesa Sanmartín ha indicado que los informes están listos y que planea presentárselos personalmente a Rueda, habiendo solicitado formalmente una reunión para discutir este y otros temas. Sin embargo, Rueda ha pospuesto la reunión, explicando que actualmente está priorizando encuentros con otros alcaldes con los que no se ha reunido, como los de Vigo y Lugo.

El presidente gallego subrayó que Sanmartín, al igual que cualquier otro alcalde, «tiene las puertas abiertas para reunirse con cualquier miembro de la Xunta de Galicia». Reiteró que sigue «esperando» la documentación sobre la tasa turística y, aunque personalmente se opone a este tipo de mecanismos, autorizará su tramitación si se cumplen los requisitos necesarios.

«Es un derecho del ayuntamiento,» afirmó Rueda, «y será la administración local la que asuma las consecuencias de la implementación de este canon, sean buenas o malas». Rueda enfatizó que no ha cambiado su postura y que cumplirá con su compromiso de tramitar la tasa para que eventualmente se convierta en ley.

En relación con la reciente decisión del Ayuntamiento de Santiago de suspender durante un año las licencias y comunicaciones previas de actividades turísticas, hosteleras o residenciales en el casco histórico para proteger el comercio local, Rueda indicó que mientras «esté dentro de la normativa», el gobierno local tiene «capacidad y autonomía» para hacerlo. No obstante, advirtió que también deberán asumir las consecuencias de impedir la apertura de nuevos negocios, especialmente en términos de creación de empleo.