¿Qué consecuencias podrían corresponder a los universitarios que tomaron por la fuerza la Universidad de Santiago?

A la vista de algunas informaciones publicadas este jueves, podría parecer que el episodio de la toma en la USC nacido el 14 de mayo (se prolongó casi un mes) careció de importancia, se resolvió sin palos ni piedras, aquí paz y allá gloria y el rector tenía razón; mejor es que unas pocas decenas de okupas encapuchados y algunos cuantos alumnos matriculados cierren la universidad de todos hasta que se cansen, y después se vayan de rositas. Expertos consultados por Diario de Santiago analizan lo ocurrido y se preguntan qué pasará a partir de ahora. ¿Borrón y cuenta nueva o petición de responsabilidades? Da la impresión de que en el rectorado funciona antes la goma de borrar que el respeto institucional. Ofrecemos a nuestros lectores una cronología de lo ocurrido realizada en colaboración con juristas. Tiene como soporte el respeto debido a una de las más grandes (y desde luego, la más antigua, salvo la Iglesia) instituciones que honran y prestigian a la denominada Compostela eterna.

Desde la visión de un observador externo con cultura jurídica hay algunos hechos que no dejan de llamar la atención en el episodio acontecido en la Facultad de Xeografía e Historia y el rectorado de la USC. 

– ¿Por qué el fenómeno se redujo a una única facultad en Santiago y duró casi un mes? ¿Tiene alguna responsabilidad la dirección del centro? 

– En el ordenamiento vigente en una facultad hay dos clases de órganos de gobierno: los unipersonales y los colegiados, siendo los unipersonales el decano y su equipo; el colegiado la Xunta de Facultade. Y los órganos de los departamentos: las direcciones y los consellos 

– Por los hechos referidos en la prensa, cuando se produjo el encierro al caer la tarde del día 14 de mayo, el decano del centro tuvo noticia de ello. Al día siguiente comunicó por escrito el hecho al profesorado, expresando su apoyo y pidiendo comprensión.

– A partir de ese día creó un órgano con carácter decisorio en el que, por una parte estaba al parecer la persona del decano, y por otra dos representantes de los ocupantes, que al parecer en principio eran miembros de un grupo con entidad legal: el grupo estudiantil ERGUER. 

– Ese órgano comenzó a acordar consensualmente el reparto del edificio entre los ocupantes y la facultad, sin que en ningún momento fuesen reunidos los órganos colegiados.

– Con el paso de los días los ocupantes llegaron a controlar las aulas de la facultad y los pasillos, dejando libre el resto. Pero eso impidió la realización de los exámenes del segundo cuatrimestre en los tres grados que se imparten. El decano vuelve a remitir escrito en el que acepta la situación de hecho sin reunir tampoco ningún órgano. No se sabe si tomó la decisión personalmente, o asistido por su equipo de gobierno. 

– Pasados unos días los ocupantes pasan a no identificarse, pero exigen seguir negociando. Lo que parece ser que el decano acepta, creando un sistema de toma de decisiones que excluye a su facultad. No consta si el rectorado tuvo conocimiento del hecho o no. 

– Los ocupantes negocian como legítimos representantes de los intereses de Palestina, y exigen que se asuman las declaraciones que imponen sobre una situación en la que la USC no tiene control alguno. Como no se aceptan sus términos, pasan progresivamente a descalificar a la USC, tildándola de genocida, llamando al rector sionista… 

– Se da así la paradoja de que un grupo de personas no identificadas se convierte en interlocutor del decanato de la facultad, hasta que éste pierde el control. No se sabe si puso el hecho en conocimiento del rectorado y le transfirió la responsabilidad y la competencia o no. Aunque, parece ser, según datos de hemeroteca, que en las negociaciones entre el grupo conocido por las siglas con el que él mismo se designa y formado por miembros desconocidos e interlocutores elegidos por ellos, entra en acción el gobierno de la USC, para intentar reestablecer el control. 

– No lo consigue, por no aceptar los términos de lo que sería una declaración sin efecto alguno. Y así ese grupo interrumpe por dos veces el Consello de Goberno de la USC. 

– En la segunda de las ocasiones da la impresión de lo que retiene, o casi secuestra, siendo recibidos dos de sus miembros enmascarados y no identificados en la reunión de mismo, en la que pretenden imponer su proclama como representantes exclusivos de Palestina. 

– Como no lo consiguen toman el rectorado dos días hasta que son desalojados e identificados, tanto en el rectorado como en la facultad de Xeografía e Historia. 

– Una vez identificados ya es posible saber quiénes de ellos son estudiantes de la USC, o miembros de otros colectivos de la misma y se puede pasar a analizar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir, por parte de quien tenga competencia parar ello. 

– Según los ordenamientos vigentes debemos distinguir dos grupos: 

1. a) los que no son miembros de la USC, cuyas responsabilidades deberían ser dirimidas por la justicia ordinaria.
2. b) los miembros de la USC, que además de lo anterior están sometidos a su régimen disciplinario.

– Para los alumnos de la USC, y otros posibles miembros de otros colectivos las responsabilidades podrían ser las siguientes, de acuerdo con los reglamentos disciplinarios vigentes: 

1) alterar gravemente el orden e impedir la actividad docente de modo total o parcial, en prejuicio del alumnado. 

2) ocupar ilegalmente edificios de la USC .

3) causar daños materiales.

4) coaccionar al Consello de Goberno de la USC. 

5) insultar a las autoridades, sobre todo al rector de la USC. 

– Por otra parte en lo que se refiere a las posibles responsabilidades en que pudiese haber incurrido el responsable del centro, habría que investigar: 

1) si fue negligente en el cumplimiento de las obligaciones que el Estatuto de la USC le ha asignado.

2) si fue coparticipe, o por los menos colaborador necesario de los hechos. 

3) si usurpó las competencias de la Xunta de Facultade. 

4) si se tomó atribuciones sobre la seguridad del centro, usurpando las competencias del rector y de otros órganos de gobierno superiores. 

– Todo ello debería ser investigado por quien tenga las competencias para establecer los hechos y tipificarlos como faltas, si para ello hubiere lugar. Y además ponerlos en conocimiento de la justicia ordinaria, si fuese procedente. 

Solo así quedará a salvo la reputación de la Universidad de Santiago, que es a su vez la gran referente de la educación superior en Galicia, y una de las más cualificadas de España. Frente al borrón y cuenta nueva, mejor luz y taquígrafos. Se trata de poner un cortafuegos de cara al futuro. Y que sepan, sobre todo los universitarios, que el que la hace la paga.