25 mayo, 2024
El proyecto de la empresa portuguesa Altri de instalar una fábrica de fibra vegetal en Palas de Rei (Lugo), arropado por la Xunta, se ha visto ensombrecido por las críticas de grupos ecologistas a su plan de producir en esa planta celulosa, por la contaminación que generaría y por la pretensión de obtener fondos de la Unión Europea (UE).
Altri, que dispone en Portugal de varias fábricas, una de ellas de ‘lyocell’, una fibra vegetal extraída de árboles, principalmente de eucaliptos, desembarcó en Galicia en octubre de 2021 con una iniciativa para establecer una factoría de un coste de 800 millones de euros para producir 200.000 toneladas para la industria textil.
Su proyecto fue abrazado por la Xunta, que lo declaró de «interés estratégico» y todavía mantiene un firme respaldo a su implantación y a la obtención de fondos europeos, con el PPdeG alabando la iniciativa, de la que el PSdeG se ha desmarcado con escepticismo y el BNG la ha rechazado.
Aunque inicialmente varias empresas gallegas mostraron interés por el proyecto de Altri, denominado Gama, finalmente solo se ha asociado la energética coruñesa Greenalia, en la que ejerce de directiva la exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato y que figura entre las firmas con proyectos eólicos paralizados de forma cautelar por posible impacto negativo en el medio ambiente.
La reciente divulgación del proyecto, en el que Greenfiber indica su intención de producir anualmente 200.000 toneladas de fibra vegetal pero también otras 400.000 de pasta de celulosa, ha disparado las alarmas en Galicia, donde esa industria tiene pésima reputación.
Ence lleva décadas produciendo pasta de celulosa en la ría de Pontevedra y, pese a varias denuncias sobre contaminación ambiental, ha logrado mantenerse y conseguir incluso una controvertida y todavía discutida ampliación durante varias décadas de su concesión.
El catedrático de Biología Ramón Varela ha alertado esta semana que la fábrica que Altri proyecta construir en el municipio lucense de Palas de Rei sería la más contaminante de España, y ha opinado que en lugar de llamarse «Greenfiber» o «fibra verde» en castellano, «debería llamarse celulosa negra, así de claro».
Varela, que estudió las miles de páginas del proyecto de Altri, señaló que «solo ofrece datos de emisiones a la atmósfera de cuatro contaminantes» de los quince que generalmente emiten ese tipo de industrias, y observó que no indica, sin embargo, en ningún momento la cantidad que va a emitir de dióxido de carbono, el principal gas causante del cambio climático.
Otro biólogo, Fins Eirexas, dirigente de la asociación ecologista gallega Adega, ha considerado «alucinante» que una empresa que «oculta y no menciona las emisiones de dióxido de carbono y monóxido de carbono, principales gases del efecto invernadero», pretenda pedir al Gobierno español fondos de la Unión Europea dedicados precisamente a la «descarbonización».
Altri afirma en cambio que su «bio-fábrica evitará 145.000 toneladas de CO2 al año asociadas a la producción de pulpa, fibras celulósicas y lyocell, con la meta de ser carbón negativo en el futuro».
El proyecto ha recibido críticas de numerosos organizaciones ecologistas, incluid Greenpeace, que reprocha que la «gigantesca factoría se tragaría más de 46 millones de litros de agua, tanto como toda la provincia de Lugo» y podría contaminar las aguas del río Ulla y afectar a la ría de Arousa.
Este domingo varias plataformas asociativas han convocado una manifestación en Palas de Rei para rechazar ese proyecto y exhibir a las autoridades que esa industria es incompatible con las actividades predominantemente agrícolas y ganaderas de la zona, por considerar que puede contaminar las tierras, el agua y el aire de un paraje donde se estaba desarrollando la agricultura ecológica.