El Parlamento insta al Gobierno a financiar a los municipios para la elaboración de un censo de amianto

Este pasado viernes, el PPdeG y el BNG han aprobado una proposición no de Ley que insta al Gobierno central a proporcionar recursos económicos a los ayuntamientos. Esto les permitiría cumplir con la obligación de mantener un registro de edificios con amianto y presentar un plan para su eliminación, conforme a lo estipulado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Con la abstención de los socialistas, populares y nacionalistas han urgido la asignación de ayudas económicas para que los municipios puedan cumplir con este requisito, cuyo plazo de cumplimiento venció en abril de 2023.

La diputada del PPdeG María Dolores Hermelo ha insistido en que las condiciones que contempla la ley se “consideran abusivas” en costes y en ejecución para los municipios, por lo que exigen el respaldo del Gobierno central. “Deberían administrarse los medios económicos para que los ayuntamientos puedan cumplir con los trámites en cuestión” para el que necesitan “personal cualificado”, ha insistido la diputada que, en todo caso, ve que el informe que se requiere es “acertado”.

Desde el BNG, Paulo Ríos ha admitido que este reto es “bastante importante” aunque ha coincidido en que los ayuntamientos no tienen los medios suficientes para cumplir con la normativa. Pese a su respaldo a la iniciativa, el diputado nacionalista ha lamentado que la Xunta “se olvide de las responsabilidades que tiene” cuando en instalaciones autonómicas sigue habiendo amianto, por lo que el Gobierno gallego “no puede ponerse de perfil en esta cuestión”.

Por su parte, la parlamentaria del PSdeG Paloma Castro acusó a la Xunta de querer dar una “patada para arriba” y no “colaborar para nada” con esta cuestión. “En el texto no veo ningún tipo de colaboración”, ha denunciado Castro que recuerda que la legislación española viene “impuesta” por la Unión Europea.