18 abril, 2024
UN BUEN FISCAL PARA SANTIAGO.- Antonio Roma Valdés, fiscal que fuera en Compostela desde 1994 y donde permaneció hasta 2017 para pasar en condición de servicios especiales al programa PAcCTO financiado por la UE, retornó en 2023 a la capital gallega y ahora acaba de ser designado para el cargo de fiscal jefe de la Fiscalía santiaguesa en sustitución de Mario Piñeiro. No es difícil intuir que el merecido ascenso pronto tendrá positivos frutos, pues de ellos ha dado cumplida muestra ya en el pasado, singularmente con ocasión de la acusación pública en el robo del Códice Calixtino, dada su especial querencia por la defensa del patrimonio. En su toma de posesión apostó por hacer frente a la creciente delincuencia de tipo sexual, mantener una suerte de asamblearismo en el cuerpo de fiscales y, sobre todo, dotarse de los medios informáticos necesarios para la agilización de la Justicia. Pero algunas de esas medidas necesitan las correspondientes asignaciones presupuestarias y hasta la armonización de sistemas a nivel nacional. Por eso la pregunta es si ¿dejarán que lleve a cabo esa modernización digital de la fiscalía frente a esos dos importantes hándicaps.?
NUEVO APLAZAMIENTO SOBRE LA LEY DEL LITORAL. Ya que estamos metidos en harina judicial, hay que significar el nuevo retraso que el Tribunal Constitucional acaba de fijar para entrar a fondo en la recurrida ley gallega del litoral en razón de “su complejidad jurídica y técnica. La Xunta ha hecho del recurso casus belli, culpando a La Moncloa por recurrir al TC y escondiendo que fue el Consejo de Estado, con significados miembros de ideología de derechas –entre ellos Herrero de Miñón-, quienes advirtieron de la inconstitucionalidad de algunos artículos. ¿Cuándo dejará la política de ser esa cruenta batalla entre trincheras en que la quieren convertir de uno y otro lado del espectro ideológico y optarán por aplicar el sentido común?
AUSENCIA DE DERECHOS LABORALES EN LAS CÁRCELES.- En puridad legal, el único derecho que pierde un interno en una cárcel es el que atañe a su libertad. Sin embargo, y como ha estudiado el equipo de Civio en un documentado informe, la realidad apunta también a la conculcación de derechos laborales, Así, los 6,39 euros la hora que se habían fijado en 2023 para los temporeros, se reduce en los penales españoles a entre 3,24 y 5,68 la hora. Una situación más alarmante en el caso de las presas, con cantidades inferiores. ¿Es de recibo que se mantenga esta situación que denuncia Civio, de una mano de obra barata, sumisa, controlada y sin ninguna posibilidad de ningún conflicto laboral?